A estas alturas de crisis y de
gobiernos regidos por Europa ya estamos acostumbrados a recortes y a
reformas de todo tipo que no suelen favorecernos a los ciudadanos de a
pie, pero ¿Nos hemos parado a pensar las posibles repercusiones de esos
cambios en otros ámbitos como la lucha contra el maltrato?
Resulta
claro y ampliamente comentado el enorme recorte en inversión social de
estos, los llamados "Presupuestos más sociales de la historia" por
nuestro gobierno. De este hecho se derivan la reducción del presupuesto
de entidades públicas que luchan contra el maltrato y en la mayoría de
los casos la anulación de las subvenciones a entidades privadas también
dedicadas a esta labor. Como consecuencia esta entidades ven reducidos
su personal y sus capacidad de acción, no solo en intervención sino
también en prevención, y como siempre las más afectadas son las víctimas
de maltrato.
El
último paso viene dado por las reformas a nivel judicial, que sin duda
tienen una repercusión importante en este tipo de casos y citando a la
presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género: " Serán
un freno y un obstáculo para que las mujeres víctimas de violencia
machista denuncien sus casos ante el juez".
Es
cierto que los delitos de índole penal no implican una tasa pero sí los
civiles, tales como las demandas de separación o divorcio. Este hecho y
teniendo en cuenta la dependencia económica que en la mayoría de casos
suelen tener las víctimas implica un añadido más a la ya de por si
complicada decisión de denuncia. Además de las tasas existe el añadido
de la situación actual de la economía que hace que la víctima se
replantee muy mucho la denuncia por las dificultades que percibe para
rehacer su vida.
Otro
aspecto negativo y perjudicial para situaciones de maltrato sería la
eliminación del código penal de la falta de vejación injusta ( "No vales
para nada", " Cállate, que no te mereces nada"). Este tipo de
vejaciones suelen ser los primeros indicios de maltrato y su
despenalización implica probablemente un aumento de los casos que ya de
por sí son bastantes alarmantes.
En
está reforma judicial se dota al juez de la capacidad de acordar una
mediación cuando se suspenda la ejecución de la pena en estas causas,
medida contraindicada en este tipo de casos y prohibida por la Ley de
2004.
Como
reflexión e independientemente de nuestras ideas políticas creo que una
cosa queda clara, en estos momentos estamos sufriendo una serie de
recortes impuestos por otros países que no conocen la realidad de la
sociedad española pero parece que los políticos españoles tampoco. Vamos
a ser responsables, legislar por legislar nunca ha sido buena idea y
aunque las cosas que no funcionan deban ser cambiadas eso no implica
cambiarlas todas porque al final los más afectados, sin duda, son los
ciudadanos y en este caso concreto, las víctimas de maltrato ya han
sufrido bastante.
Pedro Cortés
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