En el último año se ha observado un
descenso en las denuncias relacionadas con la violencia de género, pero
¿significa esto que ha disminuido el número de agresiones?
Diversos
informes que investigan el tema a fondo han revelado una cruda
realidad. Las penurias que están padeciendo millones de familias en
nuestro país, frena a las mujeres maltratadas a acudir a las comisarias a
denunciar e incluso a retirarlas si anteriormente la había interpuesto.
En el primer semestre has descendido casi un 5% las denuncias y han
aumentado un 11% las renuncias de las víctimas a seguir el proceso
judicial. ¿Por qué ocurre? Uno de los motivos destacados es el temor a
no encontrar empleo y verse sin recursos para salir adelante. Sabemos
que el trabajo es una de las principales herramientas para combatir la
violencia de género, puesto que dota de autoestima a la agredida y, en
muchas ocasiones, le proporciona la autonomía e independencia necesarias
para superar esta difícil situación.
Los
datos obtenidos en el segundo trimestre son demoledores. Suben el
número de renuncias, bajan las denuncias presentadas por la víctima
incluso por sus familiares y aumenta las intervenciones de la policía y
servicios sociales. Esta información denota la vulnerabilidad de las
víctimas en un contexto de crisis económica como la actual.
Imaginaos
su terrible realidad. Ante el pavor de que sus hijos sufran carencias
económicas al abandonar el hogar familiar, prefieren anteponer su
integridad física y psicológica prolongando su convivencia con este
monstruo que día a día le induce a miedo y propina palizas.
Este
dramático panorama obliga a las Administraciones Públicas a adoptar
medidas urgentes. Entre ellas: impulsar políticas que incentiven su
participación en el mercado laboral ayudándolas a recuperar su dignidad y
libertad; elevar el número de jueces y juezas de lo Penal
especializados/as en violencia de género y dotar de una mayor eficiencia
a los servicios de atención a las vícitimas y por último que las
Asociaciones destinadas a trabajar con mujeres maltratadas reciban más
ayudas del Estado.
Inmaculada
Montalbán presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y
de Género propone lo siguiente: desvincular las ayudas sociales del
requisito previo de interponer denuncia para que las afectadas accedan a
los derechos que contempla la Ley Integral de 2004. De esta forma, se
verían fortalecidas antes de emprender el procedimiento judicial. Para
ello, propone que sea suficiente un informe oficial y pericial que
diagnostique la situación de maltrato y una armonización de la normativa
autonómica en este ámbito.
¿Estáis de acuerdo con esta medida?¿ Pensáis que ayudaría o perjudicaría?
Rocío Gay
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